Fuente: El Comercio - Lunes 27 de Marzo del 2006.
Defensa de la competencia
En medio de una campaña en la que ningún grupo político sale del discurso de exigir reglas y sanciones, y mayores controles para la defensa de la competencia, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ha decidido revivir la discusión acerca de introducir cambios a la Ley de Defensa de la Competencia.
El momento político empuja hacia un Estado más interventor y con mayores competencias. Con el aplauso de la tribuna, la discusión se centra en una nueva Ley y olvida lo más difícil y necesario: el reforzamiento de las instituciones encargadas de la defensa de la competencia y la regulación de mercados.
En la CADE de diciembre del 2005, se pidió a los asistentes que evalúen el desempeño en el último año de una lista de entidades del Estado. Indecopi obtuvo los peores resultados de la lista. Así mismo, en encuestas realizadas entre empresas clientes de Apoyo Consultoría el año 2005, se observaba un marcado deterioro de la percepción de la gestión de las reguladoras en general. El riesgo regulatorio aparecía inusualmente como mucho más importante que los riesgos de fluctuaciones de la demanda o la legislación laboral o tributaria.
En ese contexto, los cambios principales que plantea la nueva ley son un sistema de control previo generalizado de operaciones de concentración empresarial (fusiones, adquisiciones); otorgar al Indecopi la capacidad de definir cuándo una práctica empresarial, como la fijación de precios, son una "práctica explotativa" y el establecer la necesidad de un mayor uso de la "regla de la razón" en los procedimientos (evaluación de los efectos de las conductas empresariales como base para las resoluciones). Podemos debatir ampliamente acerca de si los planteamientos son buenos o malos, liberales o intervencionistas.
El tema fundamental es que los cambios planteados requerirían una mejora muy significativa en las actuales capacidades analíticas y de gestión del Indecopi. Esa discusión debe ser previa al debate de la norma. El fortalecimiento institucional implica capacitación, desarrollo de gestión y condiciones para la independencia política, ausentes de la discusión. Sin esos elementos, el debate sobre el tema necesariamente cae en extremos irreconciliables.
La discusión de la nueva Ley de Defensa de la Competencia deja de lado el punto central: el necesario fortalecimiento de las instituciones que regulan los mercados en el Perú.
Comentarios
En una entrevista a fines del año pasado, el señor Roca se refirió a la regulación de precios como un objetivo del INDECOPI, algo que sólo corrresponde a los reguladores en áreas de su competencia y en base a una norma específica que los faculte a ello.
En una rtículo en la revista de competencia de INDECOPI, Juan Rojas se refiere a "la protección a los consumidores", y todo ello según él, de acuerdo a una adecuada interpretación del DL 701 a la luz de la Constitución. Olvida el señor Rojas qué es una agencia de competencia y que la mejor forma de "proteger" a los consumidores es a través del proceso competitivo sano, más aún si el mercado puede fallar pero a menores costos que los tecnócratas.
La protección al consumidor sólo se dará en su área específica, y en relación a las normas publicitarias y el principio de veracidad, pues los consumidores informados podrán velar por sí solos, y a menores costos.
Es lamentable este cambio de razonalidad del INDECOPI, que hace años era una institución fuerte y respetada, y que hoy tiene aparentes buenas intenciones pero está dañando el mercado.