Como todos los años y justo antes de comenzar el periodo de clases escolares, los montos de las pensiones son motivo de quejas. Al parecer hoy también serían objeto de un escrutinio de la autoridad de competencia.
Ha dicho el congresista Johny Lescano, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que en los colegios ubicados en distritos populares de Lima, las pensiones se han incrementado en promedio un 16.6% con relación al año pasado. Por tanto, dice el mismo congresista, eso indicaría la existencia de una concertación de precios. pues no resultaría creíble que dicho incremento sea resultado de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta la baja inflación en educación del año anterior así como considerando que en los colegios de los sectores A y B no se han producidos importantes incrementos.
La idea de una concertación es dificil de aceptar. Porque el mero paralelismo de precios no es un indicio de concertación. En este caso ni siquiera se habla de paralelismo sino de un incremento promedio. Porque además habría que imaginarse a los muchos colegios que hay en los distritos populares de Lima reuniéndose, llegando a un acuerdo y lograr mantenerlo con mucho esfuerzo en el tiempo.
No hay duda que la denuncia no tiene su origen en el aumento de las pensiones, sino en aquella fantasía de que existen precios abusivos. La mejor prueba son las palabras del mismo congresista:
Lo peor de todo es que no se tiene claro qué se pretende con salir a los medios a denunciar un aumento de las pensiones escolares. ¿Proteger al consumidor o incentivar la educación? Cualquier colegio que esté impedido de incrementar sus pensiones (por abusivo o lo que quiera que signifique eso) sabrá que nunca podrá contar con dinero adicional para utilizarlo en mejor infraestructura o en mejores profesores. Estará impedido de hacerse más competitivo brindando un mejor servicio. Un colegio abaratado por la vía legal o por la vía de la presión política difícilmente brindará una buena educación.
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